El senador y presidente de la Unión Cívica Radical, Martín Lousteau, le pidió a Javier Milei que retire el decreto de necesidad y urgencia que desregula la economía anunciado anoche por cadena nacional y que envíe al Congreso Nacional una ley espejo con el mismo contenido, para que pueda ser discutida artículo por artículo.
Anoche el presidente anunció un Mega DNU de una amplitud y longitud inédita. Estoy de acuerdo en que debemos cambiar muchas cosas en Argentina, entre ellas el improductivo desempeño de partes de nuestro Estado y regulaciones que traban el buen funcionamiento de diversos sectores de la economía.
Pero este DNU tiene 82 páginas con 366 artículos que derogan y modifican un sinnúmero de leyes y decretos. En el contenido del Mega DNU hay algunas iniciativas que pueden ser interesantes y otras irrelevantes para la agenda urgente. Otras pueden juzgarse como buenas, malas o realmente muy malas para las urgencias de la sociedad. Cada una de ellas merece un análisis riguroso e individual y para eso está el Congreso.
Pero los DNU no se pueden modificar: se aprueban o rechazan enteros. Además, con este método, en cuatro años podría venir otro presidente y mediante otro Mega DNU hacer exactamente lo contrario, lo que agregaría más incertidumbre e inestabilidad a la que ya padecemos. Ninguna reforma de fondo duradera puede lograrse de esta forma.
El respeto a la institucionalidad evita abusos que dañan la sociedad. Es sano hacer el ejercicio de pensar cómo reaccionaría uno si un presidente de signo político contrario al propio hubiera: 1) dado la espalda a la Asamblea Legislativa; 2) tomado medidas económicas con fuerte impacto para amplios sectores; 3) hubiera hecho exhibicionismo de fuerzas de seguridad y 4) dictado un DNU fuera de la legalidad que interfiere en múltiples áreas de la vida y la actividad. Así no funciona una democracia plena.
El presidente debería reemplazar este inválido DNU por una ley espejo que se pueda votar por capítulos, y convocar a extraordinarias para darle tratamiento urgente. Así las reformas positivas, que tendrán consenso, podrán sancionarse y las que no lo sean, evitarse. Toda otra alternativa, ya sea no hacer ninguna reforma o hacer las que no deberíamos, es mala para el presente y el futuro de los argentinos.