Entre las medidas dispuestas por el magistrado se encuentra la convocatoria a declarar de integrantes de la custodia que acompañaron a Fernández durante su Presidencia. También se solicitó documentación vinculada con la historia clínica de Yáñez.
Los camaristas Martín Irurzun, Roberto Boico y Eduardo Farah consideraron necesario profundizar la investigación antes de definir el futuro del expediente. Por ese motivo, la posibilidad de que la causa avance a la etapa de juicio oral quedará pendiente hasta que se incorporen y analicen las nuevas pruebas.
La investigación comenzó a partir de la denuncia de Yáñez, quien acusó a Fernández de haber ejercido violencia física y psicológica durante la relación que mantuvieron y a lo largo de su mandato presidencial. Desde entonces, el expediente incorporó declaraciones testimoniales, peritajes, comunicaciones y otros elementos vinculados con los hechos investigados.
Una vez completadas las nuevas medidas, Rafecas deberá evaluar nuevamente el estado de la causa. El fiscal Ramiro González había considerado meses atrás que la investigación se encontraba completamente sustanciada y había solicitado que el expediente fuera elevado a juicio.
El proceso también atravesó un cambio de juez. Fernández logró que la Cámara de Casación apartara al juez Julián Ercolini, pero no consiguió que se anularan todas las actuaciones realizadas durante la intervención de ese magistrado.
Posteriormente, la Cámara Federal porteña designó a Rafecas para continuar al frente de la investigación. En ese marco, los camaristas Boico, Farah e Irurzun sostuvieron que no existían fundamentos legales para anular de manera íntegra las actuaciones realizadas hasta ese momento.
Con la incorporación de las nuevas medidas de prueba, la definición sobre una eventual elevación a juicio oral quedará supeditada al resultado de esta etapa de la investigación.
