El gobierno de la provincia de Buenos Aires ha promulgado la Ley N° 15.553, la cual establece la prohibición de suspender o interrumpir los servicios esenciales de energía eléctrica, agua potable, cloacas y gas a las asociaciones civiles sin fines de lucro, municipios, hospitales y escuelas públicas dentro de su jurisdicción, incluso en situaciones de mora o con aviso de corte vigente.
Esta iniciativa, presentada por el diputado Facundo Tignanelli, miembro de La Cámpora, fue aprobada a principios de mes y publicada este jueves en el Boletín Oficial. Durante el debate legislativo, el legislador enfatizó que el proyecto posee una profunda justicia social, buscando salvaguardar a instituciones que desempeñan un rol fundamental en la comunidad.
La normativa impone a las empresas prestadoras de servicios de jurisdicción provincial la obligación de asegurar el suministro y de ofrecer planes de pago en cuotas mensuales para la regularización de deudas. Adicionalmente, exime a las asociaciones civiles del pago de ciertas contribuciones e impuestos provinciales y faculta a los municipios a adherirse a la medida mediante ordenanzas propias.
Los fundamentos del proyecto señalan que “las asociaciones civiles cumplen funciones sociales, culturales, deportivas y comunitarias de gran relevancia. Es fundamental que cuenten con los recursos necesarios para llevar a cabo sus actividades”.
Tignanelli advirtió que una interrupción en el suministro de electricidad o gas “puede obstaculizar gravemente el proceso educativo” y afectar el funcionamiento de servicios municipales esenciales, como el alumbrado público o el tratamiento de aguas residuales. “La interrupción de servicios básicos puede tener un impacto económico negativo y duradero en las comunidades locales”, añadió.
En los fundamentos del proyecto se argumenta que “las Asociaciones Civiles sin fines de lucro desempeñan funciones sociales, culturales, deportivas y comunitarias de gran relevancia, contribuyendo al bienestar de la población y al fortalecimiento del tejido social. Es fundamental que cuenten con los recursos necesarios para llevar a cabo sus actividades”.
Asimismo, se sostiene que “los hospitales son esenciales para proveer atención médica a la comunidad”, por lo que “interrumpir el suministro de electricidad y gas pone en riesgo la vida de los pacientes y el funcionamiento de equipos médicos vitales”. Se subraya también que “las escuelas son cruciales para el desarrollo educativo y social de niños, niñas y adolescentes; y el corte o suspensión de estos suministros puede interrumpir gravemente el proceso educativo, afectando el aprendizaje de los estudiantes y generando un impacto negativo a largo plazo en su desarrollo”.
Se indicó, a su vez, que “los municipios dependen de la electricidad y el gas para ofrecer una amplia gama de servicios esenciales a la comunidad, tales como alumbrado público, tratamiento de aguas residuales, servicios de emergencias, entre otros, por lo que la interrupción de servicios básicos para estas entidades puede tener un impacto económico en la comunidad”.
Finalmente, se planteó que “el establecimiento de la prohibición o suspensión de estos servicios para estas entidades, incluso en caso de mora en el pago, es coherente con los principios constitucionales de igualdad y acceso a los servicios básicos. En este sentido, es necesario establecer un marco legal de protección para estos entes que promuevan su continuidad y desarrollo, contribuyendo así al fortalecimiento del entramado social y al bienestar general de la población”.
La propuesta parlamentaria contempla la aplicación de sanciones y multas para aquellas empresas prestadoras de servicios públicos bonaerenses que incumplan lo establecido en su articulado.
