El juez federal Sebastián Casanello ordenó la indagatoria del líder del Polo Obrero Eduardo Belliboni y otros referentes de la agrupación por el escándalo de corrupción que generó una serie de allanamiento el 11 de mayo pasado: están imputados por extorsionar a beneficiarios de planes sociales, según confirmaron fuentes judiciales.
El magistrado resaltó cómo las personas vulnerables recibían esos planes a través de la intermediación de las organizaciones y cómo se comprobó “el empleo de facturación apócrifa y la simulación de gastos no concretados para disfrazar el verdadero uso de una parte importante de los fondos”.
“Lo público se confundió con lo privado al financiar actividad partidaria”, afirmó Casanello y a eso le siguió la ”exigencia a quienes acudían a determinados comedores comunitarios y eran beneficiarios de aquel programa de concurrir a movilizaciones político-partidarias (con banderas identificatorias), aportar sumas de dinero a la organización y hasta votar por un candidato en particular, referenciado en el propio espacio político, en elecciones generales, bajo la amenaza de perder la ayuda estatal”.
Por su parte, el juez resolvió citar a indagatoria a Dina Patricia Iramain, Brisa Noelia Paucara Choque, Elizabeth Galindo Mamani y Cynthia Delgado Vilches para el día 11 de junio; Gloria Paraguay Estrada, Rossmery Grande Arancibia, Mercedes Fossat y María Cecilia Cowper para el día 12 de junio; Carlos Fernández Kostiuk, Manuel Alonso y Lorenzo Martelli para el día 13 de junio; Jeremías Cantero, Gianna Puppo, Iván Ezequiel Candotti y Gustavo Guillermo Vásquez para el día 18 de junio y Mariano Alejandro Centanni, Erika Lubenfeld, Ezequiel Coego y Elizabeth del Carmen Palma para el día 19 de junio. La ronda termina con la citación a Eduardo Silvio Belliboni, María Isolda Dotti, Iván Ortiz y Roberto Adrián Albornoz para el 25 de junio.
La causa se originó el 20 de diciembre, el día que se preparaba la primera movilización de piqueteros contra Javier Milei y el Gobierno habilitó el número 134 del Ministerio de Seguridad para que los ciudadanos hicieran denuncias anónimamente. Se hizo una denuncia en los tribunales de Comodoro Py: hubo reportes de todo el país, el fiscal Pollicita, que recibió la investigación delegada, se focalizó en las 45 que tuvieron lugar en la Capital Federal, su jurisdicción. Y avanzó en intentar rastrearlas. Localizó a siete: cinco de esas personas se animaron a declarar.
Para el fiscal Gerardo Pollicita, “al amparo de la apariencia de una actividad solidaria como es la administración de un comedor popular, se montaron al menos tres grupos de personas que, valiéndose de las facultades que les otorgara el ex Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en el marco del Plan Potenciar Trabajo, se dedicaron sistemáticamente a exigir dinero a los beneficiarios de dicha prestación social.
Tras los primeros allanamientos, el juez ordenó una serie de medidas que incluyó la inhibición de bienes de los implicados. La causa entró en secreto de sumario para concretar más diligencias. Y una decena de personas se acercó para pedir protección. Este lunes, a dos semanas de los allanamientos que expuso públicamente la causa, el juez resolvió llamar a los involucrados a indagatoria.
Según destacó el juez, “por esta tarea, la organización recibía fondos del Estado y asumía una serie de obligaciones de administración de aquellos intereses universales que le habían sido confiados. Los elementos probatorios reunidos por la fiscalía y el juzgado llevan a sospechar que, en los casos que aquí se investigan, el interés público fue desviado”.
“Considero acreditado, con el grado requerido legalmente en esta etapa, que diversas personas, nucleadas bajo las figuras asociativas ‘Asociación Polo Obrero’ y ‘Cooperativa El Resplandor Ltda.’, habrían administrado de manera indebida al menos una parte de los recursos estatales que le fueran confiados en convenios celebrados con el ex Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en el marco del aludido programa “Potenciar Trabajo”, afirmó.
Casanello destacó que se comprobó “el empleo de facturación apócrifa y la simulación de gastos no concretados, al menos a través de las firmas “Ediciones e Impresiones Rumbos SRL” y “Coxtex SA”, para disfrazar el verdadero uso de una parte importante de los fondos”.
“Se trató de montos significativos que fueron canalizados a través del uso de diferentes personas jurídicas, con la finalidad de obtener un beneficio particularizado. Así, lo público se confundió con lo privado al financiar actividad partidaria”, dijo.
La resolución afirmó que esa maniobra ”se vio complementada con la exigencia” de acudir a marchas, aportar dinero y militar a algún candidato, bajo la amenaza de perder la ayuda estatal. “Esas exigencias eran transmitidas a los beneficiarios del plan por otros beneficiarios de mayor antigüedad en la organización, pero igualmente de marcada vulnerabilidad”. Esa situación generó que el juez, por ahora, no los llame a indagatoria.
