El inicio de las clases peligra en casi todo el país luego de que el Gobierno nacional anunciara que no enviará el dinero del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) a las provincias y que ratificara que las paritarias tendrán que ser administradas por sus autoridades locales. Se trata de un coletazo más del tenso enfrentamiento que mantiene la gestión de Javier Milei con los gobernadores después del fracaso en el Congreso del proyecto de la denominada ley ómnibus.
Solo en cuatro de los 24 distritos estaría garantizado el comienzo del ciclo lectivo, según fuentes oficiales provinciales y sindicales. En provincias como Tierra del Fuego, Chaco, Chubut y Santa Fe es donde más incierto está el inicio y en muchos casos la resolución del conflicto está condicionada a lo que se defina a nivel nacional entre la Casa Rosada y los gremios con representación en todo el país. Las negociaciones se encuentran en pleno proceso y continuarán esta semana en busca de una solución que hasta hoy se anticipa lejana.
La discusión tiene una arista nacional y una provincial para los 23 distritos y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por un lado, el problema macro gira en torno al Fonid, que cubre entre el 10% y 15% de los salarios de los docentes en el país, y el Fondo de Compensación Salarial Docente, que busca compensar en aquellas provincias que no alcanzan a cubrir el valor del salario mínimo docente, que es hoy de $250.000. Este último cubre a Catamarca, Chubut, Corrientes, Jujuy, La Rioja, Misiones y Santiago del Estero, de acuerdo a los últimos registros de 2023. Desde diciembre que el Gobierno dejó de transferir a las provincias el dinero del FONID, como también los aportes de Conectividad y Material Didáctico y el Fondo de Infraestructura, según denunciaron por carta los 24 ministros de Educación provinciales.
En base a estas decisiones y a que el Gobierno no quería convocar a la paritaria nacional es que Sonia Alesso, secretaria general de la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera) advirtió que las clases no iniciarán al menos que la Nación envíe los fondos y convoque a la negociación salarial. Las señales del Gobierno son confusas: mientras que el Ministerio de Capital Humano y el vocero presidencial, Manuel Adorni, aseguran que llamaran a paritaria nacional, el presidente Javier Milei negó que el Poder Ejecutivo vaya a intervenir. La amenaza de un paro nacional parece cada vez más real y hasta podría oficializarse mañana en una cumbre que tendrán los cuatro gremios docentes enrolados en la CGT y que a veces actúan en tándem con la Ctera.
El posicionamiento de los cinco gremios nacionales -Ctera, la Unión de Docentes Argentinos (UDA), Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) y la Confederación de Educadores Argentinos (CEA)- influye en la decisión de algunas provincias de iniciar las clases, mientras que otras priorizan el diálogo local a la hora de tomar acción.
La situación en las provincias
En la Ciudad de Buenos Aires, la gestión de Jorge Macri, avanzó con un acuerdo salarial y llevó el salario inicial a $743.000. Tiene previsto definir aumentos escalonados por inflación. Sin embargo, la UTE, el gremio mayoritario porteño, y Ademys, referenciado con la izquierda, condicionan el inicio a lo que se resuelva en la paritaria nacional y a la pulseada entre la Nación y las provincias por el Fonid.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, advirtió que reclamaría ante la Justicia la regularización de partidas atrasadas si los envíos no se normalizan estos días. Desde el entorno del gobernador aseguran que, si hay paro nacional, se verá afectado directamente el inicio de clases, que está previsto para el 1° de marzo. Aún así, de no ser nacional, “no tendrán problemas a nivel provincial para iniciar las clases”.
