Uno de los insumos será el informe de la Comisión de Supervisión de Deuda Pública de la Auditoría General de la Nación (AGN), que afirmó que el acuerdo con el FMI de 2018, firmado durante el gobierno del expresidente Mauricio Macri, incurrió en un “incumplimiento de los procedimientos normados”, no contó con análisis de riesgos y solvencia y tampoco con la opinión del Banco Central, tal como se establece por ley.
El informe fue presentado por la mayoría oficialista de la AGN -que rechazó la ejecución presupuestaria de las cuentas públicas durante ese año- y cuestionado desde la oposición de Juntos por el Cambio. Los auditores Jesús Rodríguez –presidente de la AGN–, Miguel Pichetto y Alejandro Nieva tras la presentación expresaron sus diferencias en torno de algunas de las posiciones de sus colegas del oficialismo.
En junio de 2018, el gobierno de Mauricio Macri recurrió al FMI solicitando un préstamo Stand By. Los desembolsos durante ese año representaron el 36% de las emisiones del ejercicio y un 17% del total de la deuda pública. “No obstante, la firma del acuerdo fue en 2018, sus consecuencias sobre el endeudamiento público, generaron un alto impacto sobre el perfil de vencimientos de ejercicios futuros, afectando la solvencia y la sostenibilidad de la deuda pública”
La documentación de respaldo y los expedientes fueron generados en el sistema GDE a posteriori de la firma del Acuerdo y resultaron incompletos y desordenados. A esto se sumó la falta de la firma digital que valida los actos administrativos en algunos de los documentos que lo requerían.
La formalización del endeudamiento no fue realizada por Ley de Presupuesto ni por Ley específica, ni similar, como podría haber sido un Decreto presidencial. El Acuerdo fue firmado por el Ministro de Hacienda cuya cartera no contaba entre sus misiones y funciones la gestión del Crédito Público, destacó el informe. “No es de extrañar, entonces la carencia de análisis de riesgos, solvencia y sostenibilidad anteriores a la firma del Acuerdo. Al ser un préstamo multilateral, se lo registró y expuso como tal, pero no se cumplió con los requisitos”, destacaron.
– No se cumplió con el art. 61 de la Ley 24.156 que establece que en los casos en que las operaciones de crédito público originen la constitución de deuda pública externa debe emitir opinión el Banco Central de la República Argentina sobre el impacto de la operación en la balanza de pagos.
El reporte también subrayó el aumento de la deuda pública durante el gobierno de Macri. Al respecto, indicó que en el comienzo de la gestión del expresidente con la eliminación del cepo cambiario -se modificó el régimen de compra y venta de moneda extranjera- hubo un ingreso de capitales con destinos a instrumentos en pesos con altos rendimientos en dólares. “Las novedosas medidas implementadas en materia cambiaria implicaban un riesgo de dolarización de carteras de corto y mediano plazo. En este marco, tal como se expuso previamente, en el período 2016-2018 la Administración Central incrementó su deuda total. Al observar su composición se advierte que se incrementó tanto su deuda externa como su deuda en moneda extranjera”, señaló.
Por otro lado, el informe afirmó que los vencimientos de deuda para 2019 representaban el 192,75% del stock de reservas internacionales al 31 de diciembre de ese año y el 131,36% del stock de reservas internacionales a fines de 2018. “La deuda no resultaba sostenible. En otros términos: las correcciones que se requerían tanto en la balanza de pagos, (incluyendo la balanza comercial) así como en el resultado fiscal primario futuro a los efectos de que la deuda pública resultase sostenible en el contexto expuesto eran muy poco probables de concretar atento al déficit histórico verificado en dichas cuentas y considerando la normativa vigente en materia cambiaria así como el volumen emitido en concepto de Letras en el trienio considerado”, puntualizó.
Acerca de los vencimientos de la deuda nominada en moneda extranjera, el informe indicó que durante 2019, 2020 y 2021 alrededor del 60% o más de las reservas internacionales debía destinarse al pago de vencimientos de capital e intereses de la deuda, con la consecuente volatilidad y riesgo cambiario implicada. “El stock de reservas internacionales al 31 de diciembre de 2018 equivalentes a USD 65.806 millones, representaba el 99,7% de los vencimientos de deuda de la administración central en moneda extranjera de los años 2019 y 2020 (los vencimientos de ambos años alcanzan los USD 65.621 millones)”, indicó.
