El 1° de febrero termina la feria judicial de verano en los tribunales y se avecina el comienzo de una batalla campal ante la Corte Suprema de Justicia por los 1100 millones de pesos diarios de la coparticipación federal que la Nación debe pagarle a la Ciudad. La Casa Rosada prepara una ampliación de la recusación de todos los jueces de la Corte y un eventual pedido de nulidad del fallo que ordena pagar, mientras el gobierno porteño analiza nuevas presentaciones para cobrar y no descarta pedir a la Corte el embargo de las cuentas nacionales.
Todo este trámite tiene como telón de fondo el juicio político contra los jueces de la Corte Suprema de Justicia, promovido tras dictar la sentencia por la coparticipación y que tuvo como disparador la difusión de supuestos chats, obtenidos ilegalmente, entre el ministro de Justicia y Seguridad porteño (actualmente de licencia) Marcelo D’Alessandro y Silvio Robles, funcionario de la Corte y mano derecha del juez Horacio Rosatti.
La Casa Rosada apelará a ese vínculo para ampliar la recusación sobre los jueces de la Corte y -al menos- postergar el pago a la Ciudad. Como no puede utilizar los supuestos chats, invalidados como prueba por la Justicia, buscará acreditar el vínculo entre D’Alessandro y Robles por otras vías, con el fin de argumentar una relación indebida entre el máximo tribunal y una de las partes, el gobierno porteño.
En los tribunales entienden que justamente la promoción del juicio político tiene el objetivo de no pagar la sentencia, obturar el fallo de fondo o al menos demorarlo, ante la certeza de que el Gobierno lo promueve sin tener los votos necesarios como para aprobarlo en el Congreso.
El segundo objetivo que ven en los tribunales detrás de la promoción del juicio político a la Corte es el de generar temor en los jueces de la Cámara de Casación que deben resolver causas sensibles para Cristina Kirchner: en particular los camaristas Diego Barroetaveña, Daniel Petrone y Ana María Figueroa, que deben decidir si confirman o no el sobreseimiento de la vicepresidenta en el caso Hotesur y Los Sauces y en el expediente sobre el Memorándum con Irán. También están en la mira los jueces Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo Hornos, que deben analizar si confirman o no la condena a seis años de prisión por corrupción en el caso de Vialidad.
Por lo pronto, apenas se reanude la actividad judicial en febrero, los jueces de la Corte tienen para resolver planteos que hizo el gobierno de Alberto Fernández contra la medida cautelar que obliga a que le paguen a la Ciudad el 2,95 por ciento de los fondos coparticipables que recibe la Nación. La Casa Rosada había dejado de girar esos fondos en 2020, tras una huelga policial bonaerense, para redirigirlos al gobierno bonaerense de Axel Kicillof. La Nación sostiene que esos fondos fuero cedidos por la gestión presidencial de Mauricio Macri a la Ciudad para pagar la transferencia de la policía porteña, pero por encima de lo necesario y de manera injustificada.
“Se viene una guerra termonuclear”, describió un constitucionalista que sigue el proceso paso a paso.
Ambas jurisdicciones trataron de ponerse de acuerdo, pero fracasaron y llevaron el caso a la Corte, que falló en favor de la Ciudad, reconociendo parcialmente su reclamo, mediante una medida cautelar que obliga a que le depositen diariamente unos 1100 millones de pesos. El Presidente primero dijo que no iba cumplir con la sentencia de la Corte y que no iba a pagar; aunque luego dijo que iba hacerlo pero con bonos, para lo cual habilitó una cuenta especial en el Banco Nación.
Al mismo tiempo, la Casa Rosada presentó antes del último día hábil del año dos recursos. En uno de ellos recusó a todos los jueces de la Corte, argumentando que al resolver la medida cautelar adelantaron opinión sobre la cuestión de fondo sobre la que deben pronunciarse. Esto es, si la Ciudad tiene o no derecho a que le reconozcan el retorno de los fondos. El otro recurso, que presentó el procurador del Tesoro, Carlos Zannini, se denomina “revocatoria in extremis” y está orientado a que la propia Corte de marcha atrás con su decisión.
Por la presentación de ambos recursos, la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, denunció a Zannini por desobediencia.
Sobre estos dos recursos se espera que ahora la Casa Rosada sume nuevos planteos, por ejemplo, ampliando la recusación de los jueces de la Corte sobre la base de argumentar una relación indebida entre el máximo tribunal y la Ciudad. Los chats de las supuestas conversaciones entre Robles y D’Alessandro, obtenidos ilegalmente, ya fueron desechados por la Justicia como una prueba válida, pero bien puede la Nación buscar probar ese vínculo por otro camino. Eso abriría la posibilidad incluso de reclamar la nulidad de la medida cautelar con la que la Ciudad viene ganando el juicio.
“La medida cautelar no causa estado, es revisable, no es la sentencia de fondo”, señaló un abogado relacionado con el caso, que analizó que esta situación puede demorar todo el trámite del expediente de la coparticipación por la cantidad de recursos a resolver.
Este escenario es el que tienen en mente en los tribunales como parte de lo que ocurrirá en el mes de febrero. Incluso funcionarios del gobierno porteño vislumbran esta posibilidad y están preparados para litigar.
La estrategia porteña
En la Procuración del Tesoro de la Ciudad, por su parte, se prepara otra artillería. El gobierno de Horacio Rodríguez Larreta ya trató de que la Corte forzara la ejecución de la sentencia antes de fin de año. Se conformó con presentar dos escritos donde denunciaba el incumplimiento del gobierno nacional que no pagó. Ahora analiza si corresponde seguir denunciando el incumplimiento, pero además ir un poco más allá, con un pedido de embargo sobre las cuentas nacionales.
Al mismo tiempo, la administración porteña presentó una denuncia penal contra el gobierno nacional por el incumplimiento del fallo de la Corte. Quedó radicada en los tribunales de Comodoro Py 2002. El escrito alcanza a funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional, “incluyendo a quienes forman parte del Ministerio de Economía y del Ministerio del Interior de la Nación que han sido notificados de la resolución judicial”. Sin nombrarlos, apuntó contra Alberto Fernández, los ministros de Economía y del Interior, Sergio Massa y Eduardo de Pedro, y la titular del Banco Nación, Silvina Batakis. El caso quedó en manos del juzgado federal N°6 y fue delegado en la fiscalía federal de Ramiro González.
En la Ciudad ven como efectivo este mecanismo de pinzas: por un lado ir con la denuncia penal por la desobediencia al fallo de la Corte y por el otro buscar litigar ante el máximo tribunal para poder ejecutar la medida cautelar. “Vamos a insistir con la mayor energía en que se cumpla la sentencia. Es súper importante para nosotros que el fallo se cumpla. Evaluaremos alternativas. En diciembre preferimos ser prudentes, ahora la Corte debe resolver”, dijo un funcionario porteño, y agregó que lo más probable es que la Corte primero se aboque a tratar la recusación y luego el pedido de “revocatoria in extremis”.
La recusación bien podría rechazarla sin más trámite. Solo en caso de que la admita (cosa improbable) correspondería convocar a conjueces entre los presidentes de las Cámaras Federales de todo el país para resolver.
“Obviamente tenemos otros remedios y otras alternativas que evaluamos presentar para ejercer nuestros derechos llegado el caso. Tenemos un menú abierto de alternativas y veremos cuál es la más apropiada para cobrar”, añadió el funcionario porteño, que señaló que es la Corte la que debe disponer las medidas de “ejecución forzada” del veredicto.
