La operación contempla la transferencia del 90% del paquete accionario que actualmente pertenece al Estado nacional y podría generar ingresos por alrededor de US$500 millones, en línea con el programa financiero anunciado por el Ministerio de Economía tres meses atrás.
Las propuestas técnicas presentadas por los dos grupos que participan de la licitación ya fueron aprobadas. Los competidores son Rowing S.A. y Roggio ROAS S.A.U., que ahora deberán presentar sus respectivas ofertas económicas.
La propuesta de Rowing incluye a Transclor, vinculada al empresario Mauricio Filiberti; a la brasileña Arcos Saneamento e Participações, relacionada con el grupo Equipav; y a PHX, un vehículo de inversión registrado en Países Bajos.
Roggio ROAS S.A.U., por su parte, reúne al Grupo Roggio, Hidrosan Capital, Aguas del Plata Participaciones, Benito Roggio e Hijos y Central Buen Ayre. Esta última agrupación participa además de la operación de Aguas Cordobesas y cuenta con actividad en infraestructura y servicios urbanos.
En paralelo con la apertura de las ofertas, se realizará una audiencia pública para analizar una modificación tarifaria. La actualización de las tarifas constituye uno de los aspectos centrales del esquema futuro, ya que tendrá incidencia sobre la estructura financiera de la empresa que resulte adjudicataria.
Los pliegos establecen además un programa de inversiones superior a los US$2.000 millones para el período 2027-2031. Los fondos deberán destinarse a obras de expansión y mejoras en las redes de agua potable y en los sistemas de desagües cloacales.
Las metas previstas para 2031 establecen una cobertura de 75,3% en agua potable y de 63,9% en cloacas. Al finalizar la concesión, que tendrá un plazo inicial de 30 años con posibilidad de prórroga, el operador deberá alcanzar una cobertura del 90% en agua potable y del 75% en desagües cloacales.
El proceso de concesión también incluye definiciones sobre la estructura tarifaria, el financiamiento de las obras y los mecanismos de control que estarán a cargo del organismo regulador.
En ese marco, el Ente Regulador de Agua y Saneamiento adjudicó un contrato de hasta $275,8 millones para realizar tareas de extracción, traslado y análisis de muestras de agua y efluentes. El servicio fue adjudicado a Estudio Ecológico Industrial SRL por un período de 12 meses, con posibilidad de prórroga, y contempla controles sobre el agua potable, los sistemas cloacales y las plantas de tratamiento.
La licitación se desarrolla bajo un esquema de etapa múltiple y sin base, con el objetivo de transferir a un único operador estratégico la totalidad de las acciones estatales, equivalentes al 90% del capital social de AySA.
El procedimiento se encuentra encuadrado en la Ley de Bases, que incluyó a AySA entre las empresas alcanzadas por el proceso de privatización.
