El Secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent, anunció a través de sus redes sociales que se están llevando a cabo negociaciones con las autoridades argentinas para establecer una línea de swap por un monto de 20.000 millones de dólares con el Banco Central (BCRA). Asimismo, informó que están “preparados para adquirir bonos argentinos en dólares” cuando las condiciones lo permitan, y que se encuentran “dispuestos a otorgar un significativo crédito stand-by a través del Fondo de Estabilización Cambiaria”.
Bessent también declaró haber estado “en contacto con numerosas empresas estadounidenses que planean realizar importantes inversiones extranjeras directas en Argentina en múltiples sectores en caso de un resultado electoral favorable”, y aseguró que “inmediatamente” después de las elecciones, “se iniciará el trabajo conjunto con el gobierno argentino en el pago de sus principales deudas”.
Entre los anuncios, se mencionó la posibilidad de “eliminar las exenciones fiscales para los productores de materias primas que conviertan divisas”. De concretarse, esta medida revertiría el anuncio de “retenciones cero” emitido por el gobierno de Milei hace apenas dos días.
Swap: una alternativa de financiamiento
Un swap es un acuerdo financiero bilateral en el que dos países intercambian divisas por un período preestablecido, comprometiéndose a su posterior devolución bajo condiciones específicas. Generalmente, Estados Unidos no celebra swaps bilaterales con economías emergentes, limitándolos a bancos centrales de naciones avanzadas, salvo contadas excepciones.
La Reserva Federal (Fed) mantiene acuerdos de swap con el Banco Central Europeo, el de Japón, el de Inglaterra, el Suizo y el de Canadá. Es relevante señalar que la Fed ha habilitado líneas temporales con otros países (como Brasil, México, Corea del Sur o Singapur), siempre bajo condiciones muy específicas y por plazos limitados. Sin embargo, con Argentina, nunca ha existido una línea de swap directa.
Por su parte, Argentina posee un único acuerdo de swap vigente con China, gestionado a través del Banco Popular de China (PBoC), por un equivalente aproximado de 18.500 millones de dólares. Este acuerdo fue suscrito inicialmente en 2009 bajo la presidencia de Cristina Kirchner, y un segundo acuerdo se formalizó en 2014, renovándose en 2017 con Mauricio Macri y complementándose a finales de 2018.
