El oficialismo llevó a cabo la segunda y última audiencia pública sobre la reforma de la ley de glaciares, con la mirada puesta en la próxima fase: dictaminar el proyecto que ya cuenta con media sanción del Senado. Sin embargo, los representantes libertarios aún no cuentan con un plan claro y se mueven con cautela para evitar posibles contratiempos.
La sesión estuvo marcada por protestas relacionadas con el número limitado de oradores, un esquema decidido por los líderes de las comisiones de Recursos Naturales y Asuntos Constitucionales, José Peluc y Nicolás Mayoraz, respectivamente. También surgieron preocupaciones sobre posibles acciones judiciales que podrían derivar de la norma.
De acuerdo a información obtenida, se está considerando la organización de una reunión informativa con gobernadores con el objetivo de ganar tiempo y buscar respaldo de cara a la discusión en el recinto de Diputados, donde el debate alcanzará su punto culminante. Esta reunión podría llevarse a cabo la próxima semana o la siguiente, dependiendo de la disponibilidad de los mandatarios provinciales. “Todavía no está definido cuándo se llevará al recinto”, aseguró un integrante del bloque oficial.
Esta audiencia fue virtual, a diferencia de la anterior, y tuvo la presencia de solo unos pocos legisladores de distintos sectores, quienes siguieron las exposiciones desde una pantalla ubicada en el Anexo de Diputados.
Las organizaciones socioambientales, en términos generales, se manifestaron en contra de la propuesta impulsada por Javier Milei, ya que la consideran inconstitucional y “regresiva”. Argumentaron que la iniciativa contradice el principio de los presupuestos mínimos establecido por la Constitución Nacional para las provincias, el cual exige condiciones de protección uniformes en todo el país, y advierten que comprometerá las cuencas hídricas.
Por su parte, quienes defienden los cambios, principalmente representantes de provincias cordilleranas con potencial minero, sostienen que en lugar de prohibiciones, se debe promover un uso eficiente del agua que armonice la protección ambiental con el desarrollo productivo.
Se denunció que lo que transcurre no es una audiencia pública, ya que, bajo la dirección de Martín Menem, se está restringiendo la participación de quienes se inscribieron para exponer la gravedad de la modificación de la Ley de Glaciares, lo que se consideró un acto de censura. “El agua NO se negocia.”
Pablo Villagra, director del Ianigla, el organismo encargado de la catalogación de glaciares, criticó la reforma aprobada en el Senado, alegando que no mejora la ley vigente. “Deja áreas con hielo sin protección, introduce nuevas ambigüedades y subordina el rol científico a las autoridades provinciales”, subrayó. Defendió el inventario nacional que ha identificado más de 16,000 glaciares, el cual, según su testimonio, es crucial para el ordenamiento territorial, y advirtió sobre la incertidumbre que generan los cambios en la definición de la importancia hídrica de los glaciares. Además, indicó que la falta de presupuesto pone en riesgo la continuidad de este trabajo.
Desde una perspectiva distinta, Pablo Marcet refutó las críticas a la reforma y afirmó que son “falsedades” las advertencias que se han realizado.
