En un movimiento estratégico, el Gobierno anunció el lunes la designación de J.P. Morgan Chase como banco estructurador para una operación de recompra de bonos soberanos en el mercado secundario. Esta iniciativa, que será financiada mediante préstamos de organismos multilaterales, busca la reestructuración financiera del país.
El Ministerio de Economía ha precisado que esta maniobra tiene como objetivos primordiales la extensión de vencimientos clave y la reducción de la presión sobre las reservas netas. Dichas acciones se alinean con los compromisos adquiridos en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y, según la perspectiva gubernamental, podrían facilitar un retorno gradual a los mercados internacionales.
En una declaración pública a través de la plataforma X, Pablo Quirno afirmó: “La Secretaría de Finanzas comunica el inicio de las gestiones para llevar a cabo una operación de recompra de deuda soberana, con el fin de disminuir el costo de financiamiento del país y fortalecer la inversión en educación.”
El funcionario detalló que “Esta operación, conocida comúnmente como ‘Deuda por Educación’, implica la recompra de deuda soberana argentina en el mercado y su reemplazo por financiamiento a tasas más favorables, gracias al respaldo de agencias y organismos multilaterales. Para su estructuración, se ha encomendado a JP Morgan la asistencia en este proceso.”
Paralelamente, se ha confirmado la concreción de un acuerdo de swap cambiario por un monto de u$s20.000 millones con el Tesoro de Estados Unidos. Este acuerdo, que inyectará liquidez al Banco Central (BCRA) y servirá como respaldo para las adquisiciones en el mercado secundario, se interpreta como un claro gesto de apoyo de Washington a las reformas impulsadas por la administración actual. La combinación de estos anuncios —la recompra de deuda inédita y el swap— transforma fondos concesionados en una herramienta para mitigar la carga de la deuda.
Mientras Jamie Dimon, el CEO de J.P. Morgan, tiene previsto arribar a Buenos Aires esta semana para una cumbre con su equipo local, el impacto de esta estrategia resuena. La singularidad de esta operación radica en su aparente sencillez. El Tesoro argentino y el BCRA, enfrentando reservas netas en territorio negativo y un riesgo país que nuevamente alcanza los 1.048 puntos básicos, acceden a un flujo de dólares desembolsados por organismos multilaterales de crédito.
La clave del anuncio: una reversión del Plan Brady
En lugar de una asignación específica, estos fondos se destinarán directamente a la adquisición de deuda en el mercado secundario, donde los bonos argentinos cotizan con descuento debido al escepticismo de los inversores. J.P. Morgan, una de las entidades financieras más grandes, seleccionaría títulos elegibles, presentaría ofertas de canje a precios negociados y ejecutaría transacciones que podrían reducir la deuda bruta en miles de millones.
De este modo, el Gobierno establece un “puente” entre el ámbito oficial de los organismos multilaterales —con sus condicionalidades fiscales y revisiones trimestrales— y el volátil mercado secundario, donde fondos de cobertura y bancos, incluido J.P. Morgan, operan especulativamente.
Lo innovador no reside únicamente en la escala —potencialmente u$s20.000 millones en un paquete híbrido que incluye el swap del Tesoro de EE. UU. y otras líneas de crédito—, sino en el empleo de dinero multilateral “barato” para una operación de precisión que, según estimaciones del Palacio de Hacienda, evitaría el estigma de un default explícito.
La variante J.P. Morgan: el brazo financiero del Gobierno
J.P. Morgan no es un actor incidental en esta trama, sino el director de orquesta. Luis Caputo, artífice de la operación, forjó su experiencia en el trading de dicho banco entre 1994 y 1998. Pablo Quirno, secretario de Finanzas, ascendió a director para Latinoamérica en la sede neoyorquina; Santiago Bausili acumuló once años en el banco; José Luis Daza es exdirector de Investigación de Mercados Emergentes; y Vladimir Werning fue economista jefe para la región. Esta constelación de “egresados” influye en los incentivos, como las garantías implícitas del Tesoro estadounidense, para que los tenedores de bonos —muchos de ellos fondos asesorados por J.P. Morgan— desprendan sus posiciones sin generar perturbaciones.
En el epicentro de esta red se encuentra Daniel Pinto, co-CEO operativo y presidente de J.P. Morgan, nacido en Buenos Aires en 1960 y artífice de su ascenso desde analista de divisas en 1983 hasta la cima de la institución. Pinto, quien dirigió el trading en Argentina antes de expandirse a Latinoamérica y mercados emergentes globales, personifica un vínculo entre el banco y el Gobierno: en una cumbre ejecutiva en Florida en 2022, reflexionó sobre la década previa como un período de “intensidad comparable a la de una guerra”, evocando su experiencia directa con la hiperinflación argentina de los años ochenta.
Brady y la máquina de emitir deuda
Para apreciar la novedad de esta estrategia —y su potencial para trascender los límites históricos—, es pertinente analizar el pasado. El Plan Brady de 1989 emerge como el precursor indiscutible de estas operaciones, aunque con matices. Implementado por el secretario del Tesoro Nicholas Brady en respuesta a la crisis de deuda latinoamericana de los años ochenta, el plan incentivó a los bancos comerciales a reducir deudas a cambio de reformas estructurales y respaldo multilateral, marcando una transición de la mera refinanciación (el fallido Plan Baker de 1985) hacia la reducción explícita del stock.
En el caso argentino de 1992, bajo la presidencia de Carlos Menem, se materializó en un acuerdo que canjeó u$s21.000 millones de deuda con bancos comerciales —más u$s8.300 millones en pagos atrasados— por bonos Brady a 30 años, reduciendo el monto nominal en aproximadamente u$s3.000 millones y hasta un 35% en valor presente neto.
El FMI y el Banco Mundial desempeñaron un papel crucial, aportando “dinero fresco” para pagos iniciales (entre el 7% y el 13% del principal) y garantías colaterales —como bonos cero cupón del Tesoro de EE. UU.— que respaldaron los nuevos títulos, estabilizando así los flujos de caja.
Esta mecánica híbrida —recompras en el mercado secundario financiadas por multilaterales, seguidas de la emisión de bonos garantizados— liberó recursos para 18 países, incluyendo a México como pionero en 1989, y transformó la deuda bancaria opaca en instrumentos negociables, reduciendo el riesgo sistémico global.
No obstante, la comparación con el Plan Brady no es absoluta: mientras aquel requería la emisión de nuevos bonos y negociaciones bilaterales con cientos de bancos acreedores —un proceso que tomó años y dependía de concesiones de perdón voluntario—, la estrategia actual de la administración Milei opta por recompras directas en el mercado secundario sin nueva emisión, aprovechando la fragmentación de tenedores (fondos de cobertura, bancos y pequeños inversores) para una ejecución más ágil a través de J.P. Morgan.
La similitud radica en el uso de organismos multilaterales para “aliviar” la deuda existente, pero la innovación reside en el enfoque: no hay colaterales complejos ni swaps por acciones, solo una inyección focalizada para extender vencimientos y reducir el riesgo país, condicionada a hitos como el incremento de las reservas netas.
En este sentido, no sería inusual que se busque escalar la operación, con garantías parciales del Tesoro de EE. UU. para bonos recomprados o un “Brady 2.0” con swaps selectivos por otros activos.
Instituciones financieras clave de EE. UU., entre ellas J.P. Morgan y Goldman Sachs, por el momento ejercen presión para obtener avales sólidos del gobierno norteamericano que cubran el componente privado de u$s20.000 millones dentro del esquema total de u$s40.000 millones, una exigencia que ha pausado las discusiones y subraya la prudencia de los prestamistas ante la volatilidad inherente en el período preelectoral.
