La jueza de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°15, Karina Andrade, explicó este viernes los motivos por los que ordenó la liberación de 114 manifestantes que habían sido detenidos durante los incidentes en las afueras del Congreso durante la marcha de los jubilados. La magistrada había sido muy cuestionada por el Gobierno, que incluso anticipó que la denunciaría ante el Consejo de la Magistratura.
“Mi argumento fue estrictamente jurídico, apegado a la Constitución nacional”, enfatizó la magistrada, que luego subrayó que “se tiene que entender que es una obligación para los jueces de turno tomar decisiones con los elementos que tienen al momento de resolver y se debe diferenciar la necesidad de una respuesta conforme a la Constitución de la expectativa lícita que tiene el Estado de investigar la comisión de hechos delictivos”.
En ese sentido, la magistrada reiteró los motivos que dio en su resolución del pasado miércoles por la noche, donde señalaba que no había recibido la información correspondiente sobre las razones por las que esas personas habían sido detenidas durante los incidentes ocurridos en las afueras del Congreso y la Plaza de Mayo.
“Yo tuve que advertir cuáles eran las personas que necesitaban una respuesta rápida, cuáles eran los derechos que se debían preservar y toda orden de libertad por supuesto queda supeditada a que no haya ningún impedimento legal”, explicó Andrade en diálogo con nuestra redacción y agregó: “No tenemos que olvidar que cualquier persona que tenga un pedido de captura no se ejecuta esa libertad. Pasó con una persona que tenía un pedido de captura desde Tucumán”.
En ese marco, la magistrada contó que en la noche del miércoles recibió el ingreso de “80 personas juntas” sin que le otorgaran ningún detalle sobre las detenciones. “Toda la información era ‘misma situación, mismo lugar’. Todos los delitos eran desobediencia o ataque a la autoridad. No recibí ningún acta”, sostuvo.
“Yo tenía que controlar los requisitos de la detención en un contexto que era de ponderación de derechos. Nuestra constitución garantiza el derecho a la protesta. Debe estar garantizado que nadie cometa delitos en ese contexto, quien lo hace obviamente es detenida”, remarcó Andrade, y reiteró: “Estas detenciones no estaban siendo informadas en un control básico. Esto lo dejé en claro y la fiscalía lo entiende. Ellos tienen a cargo la investigación y se harán todas las medidas de prueba”.
Críticas del Gobierno
Tras conocer la orden de liberación de la gran mayoría de los detenidos durante los hechos ocurridos en el Congreso, varios funcionarios del Gobierno salieron al cruce de la jueza Andrade.
En ese marco, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, la acusó de liberar a los detenidos “en menos de 8 horas en lugar de investigar quien envió a esos barras a sembrar el caos” y adelantó que “se analizará su actuación ante el Consejo de la Magistratura de CABA por posible incumplimiento de sus funciones”.
Por su parte, el vocero presidencial, Manuel Adorni, subrayó que “la justicia de la puerta giratoria es responsable directa de la inseguridad en la Argentina” y manifestó que “los que militan la impunidad en cada fallo también son cómplices”. A su vez, distintos medios repasaron la trayectoria de la jueza y señalaron un vínculo con la diputada nacional de Unión por la Patria y sindicalista judicial Vanesa Siley y el titular del PJ Porteño, Juan Manuel Olmos, una figura cercana a la expresidenta Cristina Kirchner.
En su intervención radial, Andrade se refirió a las acusaciones en su contra y aseguró que “es un uso que muchas veces se hace cuando uno está en contra de una resolución”. “Pueden ver mi audiencia pública donde expliqué toda mi trayectoria, de dónde vengo. Soy una persona técnica, más allá de los lugares que pude ocupar por estar en el Poder Judicial. Me formé, estudié. Cuando se dicen esas cosas lo que se desprestigia es al Consejo de la Magistratura que es el que nombra a los jueces”, sentenció.
