El expresidente Mauricio Macri sigue moviendo piezas para intentar frenar la la licitación de la Hidrovía, la principal vía navegable del comercio exterior argentino por la que circula el 80% de las exportaciones nacionales. La arremetida del líder del PRO se da en el marco de la denuncia por direccionamiento que presentó una de las empresas que aspiran a quedarse con la concesión de un negocio que, según estima el Gobierno, generará una facturación de unos US$ 410 millones por año.
A mediados de noviembre del año pasado, el Gobierno anunció el llamado a licitación por 30 años -prorrogable por otros 30 más- de la Vía Navegable Troncal de los ríos Paraná y Paraguay, ruta comercial que mueve aproximadamente US$ 65.000 millones de los US$ 80.000 que exporta el país al año, y el próximo 12 de febrero se hará la apertura de sobres con las ofertas recibidas por parte de las empresas privadas.
La jugada de Macri
En ese contexto, el macrismo salió a jugar fuerte contra el proceso licitatorio convocado por la gestión libertaria. El vocero de ese reclamo fue Guillermo Dietrich, exministro de Transporte de Cambiemos y hombre de confianza de Mauricio Macri, quien reposteó un artículo que cuestiona la maniobra de privatización y lamentó: “Una pena que hayamos perdido la oportunidad de hacer una licitación competitiva y bajar el costo para el campo”.
El artículo, originalmente publicado por la Fundación Pensar, el think tank del PRO, lleva la firma de Eduardo Plasencia, excoordinador de Gestión de la Dirección Nacional de Vialidad del macrismo, que apuntó en sus redes contra “la licitación que nos va a hacer perder US$ 7.500 millones”.
“No se sabe por qué, pero el gobierno decidió lanzar una licitación de hasta 60 años, a las apuradas y gravemente anti-competitiva para una de las concesiones más importantes de la Argentina”, cuestionó en sus redes el exfuncionario amarillo, que en su escrito asegura que “el nuevo proyecto del Gobierno es controversial porque está fuertemente direccionado al actual concesionario, encarece el uso de la vía navegable para la exportación y restringe las posibilidades actualizar la infraestructura en un futuro próximo”.
Entre sus principales críticas, Plasencia apuntó contra la poca antelación del llamado a licitación (80 días en lugar de los 260 recomendados), señala “sobrecostos” en las tarifas de referencia, cuestiona la duración de la concesión, que llega a 60 años en caso de prorrogarse y acusa “condiciones para ofertar direccionadas”.
El argumento es que debido a que el pliego establece requisitos para ofertar que “impiden a las empresas participar en igualdad de condiciones respecto al actual concesionario”, ya que exigen experiencia local combinada con un volumen de actividad en los últimos años solo alcanzable para quien llevó la actividad adelante hasta el momento.
Denuncia de direccionamiento
Dichos cuestionamientos no son nuevos y tuvieron un momento cúlmine cuando la empresa belga DEME, una de las aspirantes a competir en la licitación por el dragado y el mantenimiento de la Hidrovía, publicó un comunicado donde denunció un direccionamiento del pliego en favor de su connacional Jan de Nul, la firma que maneja la Hidrovía desde 1995 y hoy se posiciona como principal candidata a extender su dominio por 60 años más.
Para DEME, el direccionamiento en el pliego de licitación que lanzó el Gobierno es “notorio” y enumeró ocho puntos donde argumenta que el proceso de adjudicación fue hecho a medida de Jan de Nul. Entre ellos, argumenta que el el sistema de puntuación final para elegir a la concesionaria “favorece al operador actual al permitirle ofertar a precios más altos sin perder la adjudicación, lo que resulta en un proceso competitivo simulado que no refleja un verdadero mercado de precios”.
Además, el texto advierte que “el perjuicio económico para la producción nacional se funda en que la ecuación utilizada para evaluar las ofertas en la licitación asigna un 60% de puntaje a los precios de la oferta en tres etapas y un 40% al puntaje técnico final, por lo que el actual operador podría ofertar una tarifa más alta y aun así ganar la licitación”.
“Al privilegiarse los cuestionables aspectos técnicos por sobre la oferta económica, un solo oferente –el concesionario actual– quedará en condiciones de fijar los términos comerciales a su antojo, viciando totalmente el proceso”, agregó una de las principales competidoras de la actual concesionaria.
En ese marco, DEME se presentó en la Justicia para solicitar la suspensión del proceso licitatorio, acción que fue luego imitada por otra de las empresas interesadas en la concesión, la danesa Rohde Nielsen. Sin embargo, el juez contencioso administrativo Enrique Lavié Pico desestimó ese pedido el 15 de enero y las compañías prometieron apelar.
Están a contrarreloj, ya que la apertura de sobres será la próxima semana. Además de las dos empresas belgas y Rohde Nielsen, también compiten por la concesión las neerlandesas Boskalis y Van Oord. Quedó fuera de juego la empresa china, Shanghai Dredging, que fue impedida de participar por la condición fijada por el Gobierno de que no se presenten compañías con participación estatal.
