El alineamiento de Javier Milei a la agenda de Donald Trump fue inmediato y pleno. Luego de la asunción del presidente estadounidense, Casa Rosada instaló la agenda “woke” como principal antagonista y dejó trascender que trabajaba en una serie de proyectos para derogar avances legislativos que alcanzaron los feminismos en la última década. A pesar de eso, en la Comisión de Mujeres y Diversidad de Diputados se propusieron alternativas para volver a posicionar al país como referencia regional sobre los marcos regulatorios contra las violencias.
En medio de las reformas de la ley Bases y los decretos y vetos presidenciales, se sucedieron debates para incorporar avances a la Ley Nº 26.485 sobre Protección Integral a las Mujeres. El que mayores consensos logró fue la incorporación de la violencia y acoso sexual contra las mujeres en el contexto laboral y académico, impulsado por un colectivo de mujeres periodistas tras las denuncias realizadas a Pedro Brieger. “Es un proyecto que tuvo un acompañamiento amplísimo: menos La Libertad Avanza, todos los bloques lo firmaron. Está listo para ir al recinto”, expresó a Ámbito la titular de la comisión, la diputada Mónica Macha (Unión por la Patria).
A ella se le suman otras reformas a la misma ley, como la de añadir la violencia vicaria (aquella que se ejerce sobre los hijos o seres queridos de las mujeres para vulnerarlas de forma indirecta) presentada por Pamela Calletti (Innovación Federal), o la de retirar el arma oficial y suspender la condición de legítimo usuario a las fuerzas de seguridad cuando sean sospechosos de ser agresores, propuesta por Juan Marino (Unión por la Patria). Incluso dentro de La Libertad Avanza, la diputada Emilia Orozco promovió intensificar las medidas preventivas para la víctima y contra el agresor, asignando custodia policial personal y ambulatoria para alguna de las dos partes.
Pese a esta excepción, la posición libertaria con respecto a los feminismos es concreta, luego de desmantelar la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género en un semestre. El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, asistió a Diputados para justificar la decisión que estaba bajo la órbita de sus responsabilidades. “Las violencias no tienen género”, señaló, aunque hubo 267 femicidios en el 2024, el 62% perpetrados por parejas o exparejas de las víctimas. “Es una falacia que todas las personas seamos iguales ante la ley. Queda bien en un discurso, pero la realidad es otra”, contrastó Macha.
El propio Cúneo Libarona anticipó la intención oficialista de eliminar la figura de “femicidio” como agravante penal, además de plantear la derogación del DNI no binario, y modificar todas las legislaciones que apuntan a la “discriminación positiva”: cupo laborales trans y de género para cargos públicos. La diputada libertaria Marcela Pagano participó con un proyecto para reformar la Ley Micaela, para que quede bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano (una adaptación institucional, dado el desguace del exministerio de las Mujeres) y modifique sus temas de aplicación y sus destinatarios: ya no son “temática de género y violencia contra las mujeres” sino “violencia familiar y contra la mujer”; ya no son para miembros de los tres poderes, sino para “los organismos competentes en la materia”.
Proyectos en la Comisión de Mujeres y Diversidad
Existen otras iniciativas para ampliar la contención estatal contra las violencias. Hay dos propuestas de Mónica Macha, que en simultáneo a impulsar la creación de un Régimen de Reparación Económica (equivalente a un SMVM mensual) para sobrevivientes de la explotación sexual y la trata, diseña un programa de protección y asistencia a quienes ejercen la prostitución y pone énfasis en garantizarles el derecho a la salud, educación y vivienda. “Son proyectos necesarios porque exhiben las problemáticas de personas que vivieron y viven en situaciones de vulnerabilidad y cómo es necesario un Estado que tenga una perspectiva integral de cuidados”, consideró la diputada.
Por su parte, Esteban Paulón (Encuentro Federal) presentó una ley para erradicar los esfuerzos de cambio de la orientación sexual, identidad o expresión de género, que habilita canales de denuncias, atención legal y psicológica y reparaciones a personas que son sometidas a “tratamientos” para dejar de ser quienes son. “Nuestra idea es hacer una presentación pública, con participación virtual de legisladores de otros países que han hecho presentaciones similares”, le contó a este medio el diputado santafesino, que remarcó la pertinencia del proyecto durante los “ataques que han habido, con estas declaraciones permanentes que dicen que la homosexualidad es una enfermedad que hay que curar”.
Finalmente, en noviembre se conoció la intención del cordobés Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal) en constituir un marco legal para la subrogación de vientres, que posibilita la gestación por sustitución de forma altruista o a cambio de una compensación económica, aspecto que representaría un avance normativo con respecto al contexto global. Asimismo, contempla la contención y apoyo psicológico a la mujer gestante junto a la cobertura de salud completa durante el embarazo y hasta un año después del nacimiento. Hasta el momento, la Argentina mantiene un vacío legal sobre esta práctica.
“Son un montón de propuestas que introducen problemáticas o modifican leyes sin tener erogaciones presupuestarias pero que sí dan cuenta de una perspectiva de cuidado de las mujeres y diversidades”, sintetizó Macha, en la previa de una movilización impulsada por la defensa de los derechos alcanzados por las demandas de los feminismos y las identidades de género, pero que con el paso de los días comenzó a sumar acompañamiento interseccional. “Tengo mucha expectativa de que pueda empezar a marcar como un punto de inflexión para poner un límite a este nivel de violencia y de persecución”, agregó. Luego del primer paro general de la CGT y de las marchas universitarias, el Gobierno se enfrentará a una movilización en donde confluirá -más que una agenda- un espíritu opositor. Su masividad es un interrogante, así como sus consecuencias. Los proyectos en Diputados podrían representar un punto de partida.
