Los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa), Ricardo Quintela (La Rioja), Sergio Ziliotto (La Pampa), y Gustavo Melella (Tierra del Fuego) fueron invitados por los gremios industriales a participar este jueves de una reunión en el SMATA (Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte).
Será el primer encuentro tras la firma del Pacto de Mayo a la que, junto con Claudio Vidal (Santa Cruz), fueron los únicos seis mandatarios provinciales que no adhirieron.
Además de abordar el impacto de la Ley Bases y el paquete fiscal en el ámbito laboral, será una reunión cargada de política, en la que también buscarán redefinir la agenda del peronismo, que tras la derrota electoral no logra reconfigurarse, pero que encontró un punto de fuerte coincidencia en la resistencia al proyecto económico y social del presidente Javier Milei.
El encuentro fue convocado por la CSIRA (Confederación de Sindicatos Industriales de la República Argentina) para las 12.30, en la sede porteña del SMATA.
La reunión se concretará apenas horas después de la reunión de mesa chica ampliada de la CGT (Confederación General de Trabajo), que definió que no va a llevar de forma unificada a la Justicia el reclamo por la reversión del Impuesto a las Ganancias, que aprobó el Congreso, pero habilitó a los gremios que la integran a hacer presentaciones individuales. El SMATA es uno de los sindicatos fuertes de la central obrera.
Por su parte, el gremio que conduce Ricardo Pignanelli es uno de los más críticos de las políticas de desregulación económica llevadas adelante por el Gobierno libertario, porque considera que significó un fuerte impacto sobre la actividad industrial, especialmente del sector automotriz.
“Las terminales hablan de una producción de 330 mil unidades (para este año). Y la capacidad que tenía la industria automotriz allá por el 2012 llegamos a 840 mil unidades. Estamos usando un tercio de lo que es la capacidad productiva. Con la consecuencia que trae todo eso, que son jubilaciones anticipadas y retiros voluntarios”, argumentó en declaraciones a AM750.
Según evaluó, “a la gente no le alcanza para comprar repuestos, para mano de obra y para reparar su vehículo” y por eso cae la venta y, en consecuencia, también la producción.
Otro de los fuertes cuestionamientos de Pignanelli es al RIGI (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones), que el oficialismo incluyó en la Ley Bases. “La Argentina perderá el control de sus recursos estratégicos”, advirtió al convocar a una movilización para que el Congreso no aprobara el proyecto. No tuvo éxito.
Kicillof, Insfrán, Quintela, Ziliotto y Melella podrían terminar de sellar un acuerdo de no adhesión al RIGI por parte de las provincias de Buenos Aires, Formosa, La Rioja, La Pampa y Tierra del Fuego, que administran.
Cuando Milei envió al Congreso la primera versión de la Ley Bases, la alianza de la mayoría de los gobernadores, sin importar signo político, fue clave para frenar el avance. Con el texto reformado y la negociación por la reactivación de la obra pública frenada y la transferencia de recursos sobre la mesa, muchos dieron marcha atrás y solo seis se mantuvieron firmes en la resistencia.
“El único pacto que aceptamos en la provincia de Buenos Aires es el que defiende el federalismo, la industria, el trabajo y los recursos nacionales, el que garantiza los derechos y el bienestar de los bonaerenses”, fue la respuesta de Kicillof al Pacto de Mayo.
Los cinco gobernadores que rechazaron suscribir al acuerdo se posicionaron como los referentes de la resistencia a las políticas de ajuste de Milei y buscan reafirmar su lugar de liderazgo con miras al reordenamiento del PJ. Kicillof y Quintela son los que pisan más fuerte.
