El gobierno nacional se apronta mañana a tener su primer paquete de leyes aprobadas, cuando se sesionará la Cámara de Diputados para darle tratamiento final a la ley Bases y el paquete fiscal que llegó al Congreso de la Nación el 27 de diciembre de 2023.
Hace seis meses, Guillermo Francos ingresaba al Congreso con una caja cerrada con una cinta celeste y blanca en donde estaba el texto de la norma con más de 600 artículos. Hoy, Francos no es más Ministro del Interior, es jefe de Gabinete, y la norma tiene poco más de 200 artículos. Pero finalmente está cerca de tener su sanción definitiva.
“La ley está”, dijo la diputada de PRO, Silvia Lospennato, en la previa a firmar el dictamen que la habilita para ser tratada. Y parece cierto. ¿Cómo está el poroteo? El Gobierno tiene los 129 votos que le permite aprobar ambas leyes, en algunos casos de manera más holgada que en otros. La sesión será larga, así lo especulan en el oficialismo. Entienden que desde Unión por la Patria buscarán dilatar. La Ley Bases se vota toda junta y el paquete fiscal, separadas las insistencias (gastos tributarios, ganancias, bienes personales).
“Esperamos una mayor fuga del bloque de Unión por la Patria”, reconoció un diputado libertario que especula con una pérdida de votos del peronismo en Bases por la puesta en marcha del RIGI (Régimen Impositivo de Grandes Inversiones). “El problema es que se vota todo junto, hay que ver cómo hacen para acompañarlo”, explicó un radical.
En la primera votación en Diputados, el bloque de UP sufrió la fuga de seis votos que terminaron siendo fundamentales para La Libertad Avanza. Sin esos votos, el régimen se caía porque no alcanzaba las 129 adhesiones necesarias.
A pesar de esto, el conflicto lo tiene en el Impuesto a las Ganancias. Hasta este martes, el Gobierno tenía los votos justos para recuperar el capítulo del tributo que el Senado descartó. En la Cámara Alta fue descartado por el peso que tienen los patagónicos, son el 25% de los votos, más el bloque de UP que suma 33 votos. La medida, de aprobarse, ampliará el universo de trabajadores que se verán alcanzados: pasaría de los actuales casi 200 mil a casi 1.200.000 empleados en relación de dependencia que superan los mínimos imponibles de $1,8 millones para solteros y $2,3 millones para casados.
“La cuenta es más ajustada, pueden aparecer PJ votando Ganancias y eso sería muy importante”, explicó una fuente de la UCR.
En la primera edición del debate en Diputados, la votación fue una de las más reñidas de las más de 40 que se hicieron. En esa ocasión, por la positiva hubo 132 diputados, mientras que por el rechazo lo hicieron 113, con cuatro abstenciones y siete ausencias.
Los que votaron en contra fueron los 99 de UP más 8 diputados de la UCR, la izquierda, varios de los bloques provinciales y una sola del PRO: la chubutense Ana Clara Romero.
“Ahora los gobernadores lo están pidiendo, saben que necesitan los fondos, Ganancias el 80% se coparticipa, y teniendo en cuenta que las posibilidades de que se aprueben son altas, puede ser que alguno de Unión por la Patria se fugue a pedido”, explicaron. Y todos miran a Raúl Jalil.
El gobernador de Catamarca en la anterior votación logró que uno de los cinco diputados del peronismo provincial apoye Ganancias. Sin embargo, como se sumó a la reunión de los jefes de los estados provinciales de Cambiemos el pasado martes en el CFI (Consejo Federal de Inversión), se especula que podrá aportar más votos.
En Bienes Personales la situación es similar a Ganancias y las luces de alarma se prendieron luego de que el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, dijera que no acompaña el cambio en la norma y que sus cinco diputados votarán en contra. En abril la propuesta recibió 142 votos a favor.
La reforma de Bienes Personales aprobada en Diputados, que fue rechazada en el Senado, aumenta los pisos imponibles a $100 millones y a $350 millones para viviendas familiares y propone un plan de pago a cinco años, para garantizar estabilidad fiscal por diez años. Esta medida beneficia a los sectores de mayores recursos de la sociedad con una baja de la presión impositiva.
