El gobierno de Javier Milei denunció a Emilio Pérsico, líder del Movimiento Evita y ex funcionario de Alberto Fernández en el entonces Ministerio de Desarrollo Social, por autorizar subsidios por $473.347.050 a través de seis expedientes a dos cooperativas de las que él formó parte: La Patriada y la Federación de Cooperativas Evita LTDA.
Se lo acusa de los presuntos delitos de “fraude a la administración pública, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público”.
La denuncia está basada en una auditoría interna que el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, realizó sobre el Potenciar Trabajo, programa que administraba a discreción desde la Secretaría de Economía Social. También en un dictamen de la OA (Oficina Anticorrupción) que determinó a Pérsico violó la “Ley de Ética Pública”, al autorizar millonarios convenios a favor de organizaciones de las cuales él había formado poco antes de asumir la función pública.
Tanto fue así que la Oficina Anticorrupción, bajo la administración del propio Fernández, le prohibió que lo siga haciendo y que delegue la firma a otro funcionario. Así lo hizo. Las autorizaciones recayeron en la lapicera de Ramona Fernanda Miño, dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), que se referencia en Juan Grabois, y por entonces Secretaria de Integración Socio Urbana. Fue esa ex funcionaria la que siguió firmando por Pérsico los convenios con la Federación de Cooperativas de Trabajo Evita LTDA, de la cual Pérsico fue su presidente; y la cooperativa La Patriada, de la cual fue directivo.
Un comunicado oficial del Ministerio de Capital Humano afirma que denunciaron a Pérsico ante la justicia federal después de tomar “conocimiento reciente, y luego de realizar distintas investigaciones y auditorías en el marco de la política anticorrupción de presente gobierno, de la condena firme (sic) existente en la Oficina Anticorrupción impuesta durante los primeros días el mes de diciembre de 2023″.
Al ex funcionario se le endilgaba ser “estar de los dos lados del mostrador” en la tramitación y entrega de subsidios a sus propias organizaciones. Esas cooperativas eran Unidades de Gestión en las que los beneficiarios del Potenciar Trabajo debían realizar las 20 horas de tareas semanales para cobrar el plan del estado.
“En dicho expediente administrativo la Oficina Anticorrupción, había condenado a Pérsico por intervenir como ‘juez y parte’ en distintos expedientes administrativos durante su gestión al frente de la Secretaría de Economía Social del ex Ministerio de Desarrollo Social durante el gobierno de Alberto Fernández, aprovechando su cargo para interceder a favor de la Federación Evita y la Cooperativa la Patriada para concederles a dichas entidades importantes subsidios económicos provenientes de las arcas del Estado”, señaló el escrito.
Según los detalles de la denuncia a La Patriada se le derivaron subsidios por $261.671.087 a través de cuatro expedientes.
La FECOVITA (Federación de Cooperativas del Evita), que después de la asunción de Pérsico como funcionario fue designado Gildo Onorato, dirigente del Evita, y secretario gremial de la UTEP (Unión Trabajadores de la Economía Popular) se la benefició con subsidios por $211.675.963 para sustentar supuestos emprendimientos laborales.
“A raíz del descubrimiento de dicha condena administrativa, y luego de diversas investigaciones en el INAES y en distintos organismos estatales, el Ministerio de Capital Humano por medio de la Subsecretaría Legal y la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia encabezada por el Dr. Pablo de La Torre, presenta ante la justicia federal de la Capital Federal una denuncia penal contra Pérsico por los delitos de Fraude a la Administración Pública, Abuso de Autoridad y Violación de los deberes de funcionario público, ya que su accionar no sólo importó una violación a la ética de los funcionarios públicos, sino también la comisión de delitos penales que deberán ser debidamente investigados”.
La Secretaría que estaba a cargo del líder del Movimiento Evita “tenía la obligación de ejercer la supervisión y control de las actividades, de las obligaciones asumidas y de la inversión de los fondos del Estado, todos ellos atinentes a los convenios, con facultades para requerir toda la documentación que considere pertinente para el seguimiento y evaluación de la implementación del programa Potenciar Trabajo”, se lee en la denuncia presentada ayer.
Es decir, “que dichas unidades de gestión, a fin de poder continuar con el cumplimiento, y por ende con posteriores desembolsos, requerían un informe técnico favorable por parte de la unidad ejecutora, dentro de la órbita de la Secretaría de Economía Social a cargo de Pérsico”, según entendieron los funcionarios de La Libertad Avanza y destacan en el escrito “ese era el rol de Pérsico en toda esta maniobra: provocar el pago de los subsidios estatales a las organizaciones de su interés”.
