El Gobierno aplicó la conciliación obligatoria en el conflicto salarial de la UOM (Unión Obrera Metalúrgica) y de esa forma frenó el paro de 24 horas dispuesto para hoy, el primero de una serie de tres que decidió en protesta contra la actitud de empresarial de “no reconocer incrementos salariales que acompañen el índice de inflación”.
De todas formas, el sindicato que lidera Abel Furlán realiza la huelga en las empresas siderúrgicas porque, según advirtió, la Cámara Nacional del Acero no está incluida en la conciliación obligatoria.
Además del paro de 24 horas de este miércoles, la UOM había anunciado que el plan de lucha iba a seguir con otro de 48 horas para el 13 y 14 de este mes y uno de 72 horas, del 19 al 21 de marzo.
“Tras decenas de encuentros fallidos en la búsqueda de consensos básicos y razonables sobre el valor del salario digno para las trabajadoras y trabajadores metalúrgicos, desde el mes de diciembre pasado el sector empresario se niega a reconocer incrementos salariales que acompañen el índice de inflación”, empieza el comunicado de prensa de la UOM en el que anuncian los paros. En el texto firmado por la conducción que encabeza Furlán aludieron al “contexto hiperinflacionario” que atraviesa la Argentina, al “sideral” aumento de precios y a la caída del poder adquisitivo de los empleados.
La novedad es que en este caso la Secretaría de Trabajo, que conduce Omar Yasín, aplicó la conciliación obligatoria, una herramienta tradicional que obliga a que empresarios y sindicalistas a retrotraer la situación al momento previo al conflicto y se sienten a negociar durante dos semanas.
Sin embargo, el Gobierno no aplicó la conciliación para frenar el paro ferroviario dispuesto hace dos semanas por La Fraternidad, liderado por Omar Maturano, lo que provocó serios trastornos para más un millón de pasajeros frustrados y dejó expuesto al sindicato al malestar de la sociedad.
Esa reunión entre funcionarios y dirigentes de La Fraternidad del viernes pasado fracasó, tras lo cual Maturano anunció que el sindicato resolvió “afianzar un plan de lucha”, pero no dio precisiones. Casi una confirmación de que no resulta fácil declarar otro paro sin garantías de que el Gobierno la frenará con la conciliación obligatoria para tratar de llegar a alguna solución a los reclamos.
El mismo criterio aplicó la Secretaría de Trabajo con el paro aeronáutico de la semana pasada, que dejó a miles de pasajeros varados, y con la huelga docente de este lunes que realizaron los sindicatos del sector educativo que integran la CGT: dejó que se cumplieran sin intentar interrumpirlos.
A los sindicatos los está desorientando que el gobierno de Javier Milei haya cambiado la costumbre arraigada en materia de relaciones laborales de declarar la conciliación obligatoria, una herramienta legal que muchas veces terminaba jugando en favor de los intereses de la dirigencia gremial.
El esquema tradicional era el siguiente: un sindicato anunciaba un paro, el Ministerio de Trabajo se apuraba a declarar la conciliación obligatoria, se abrían 15 días, prorrogables por otros 5, para que las partes negociaran y generalmente se llegaba a un acuerdo. Pero el detalle no menor es que para los dirigentes gremiales era conveniente: quedaban bien ante las bases endureciéndose y no sufrían los efectos negativos de la medida de fuerza gracias al paraguas extendido por la cartera laboral. Es decir, sin el desgaste del efecto negativo que puede despertar una protesta en la sociedad (como en el caso de la educación y el transporte) ni entre sus propios afiliados (el descuento del día no trabajado).
Es cierto que es una herramienta para evitar la conflictividad, pero también que en gobiernos no peronistas los gremios no tenían ningún problema en desobedecer la conciliación obligatoria y no pagar las multas por su incumplimiento. El peor ejemplo de esa ilegalidad se produjo durante el gobierno de Mauricio Macri, en 2017: el Ministerio de Trabajo le aplicó una multa de casi $810 millones a la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros, que lidera Hugo Moyano, por violar una conciliación obligatoria durante un conflicto gremial. El sindicato nunca lo pagó y, para colmo, Alberto Fernández le perdonó la sanción durante su mandato presidencial por considerar que no se ajustaba a márgenes de “razonabilidad”, en una reivindicación del no cumplimiento de la ley.
Para algunos dirigentes, se trata de una decisión fríamente calculada por el Gobierno a través de la Secretaría de Trabajo. Otros sindicalistas, en cambio, creen que es “pura casualidad” el acierto de la estrategia que se está instrumentando en materia de conciliación obligatoria: “Es tanto el despelote del Gobierno que en Trabajo no saben qué hacer con los conflictos y no aplican la conciliación por miedo a que Milei los rete”, enfatizó un dirigente de la CGT curtido en mil batallas gremiales.
¿Decisión política estratégica o casualidad como fruto del caos administrativo interno? El debate está abierto y preocupa al sindicalismo, pero el caso de la UOM puede ser la excepción que confirma la nueva regla para un gobierno cuyas políticas están desconcertando a la dirigencia gremial.
