Los beneficiarios de un fallo contra la Argentina por 16 mil millones de dólares pidieron una audiencia con la jueza Loretta Preska para forzar al país a informar sobre decenas de sus activos.
Ante las demoras de la Argentina para negociar el pago de una condena por hasta 16 mil millones de la moneda estadounidense en el juicio por la expropiación de YPF, los demandantes encabezados por Burford Capital presentaron ante el juzgado un escrito de 122 páginas en el que piden una audiencia a la justicia estadounidense para que la Argentina informe sobre una enorme cantidad de activos en su poder. El objetivo del “discovery” es identificar bienes potencialmente embargables.
Los beneficiarios del fallo en contra del país, de los cuales Burford es el principal exponente pero no el único, solicitaron una audiencia con la jueza Loretta Preska del segundo distrito de Nueva York porque Argentina está poniendo trabas a la averiguación de información que piden los fondos ganadores del juicio.
La lista es extensa y abarca todo tipo de activos propiedad del Estado Argentino que, potencialmente, pueden resultar embargados. El embargo es un proceso largo y complejo del cual este discovery es sólo un paso preliminar. Y en el que la Nación Argentina no está colaborando mucho. Pero deja claro que sin avances en materia del pago, los fondos que enjuiciaron al país por la expropiación de la mayor parte del paquete accionario de la petrolera preparan las armas para cobrar por su cuenta.
Los activos listados, entre muchos otros, incluyen acciones de YPF en manos del Estado en Caja de Valores, cuentas, activos, deudas y transacciones valuados en un millón del dinero norteamericano o más, concesiones para la exploración de recursos naturales, activos de Aerolíneas Argentinas, ARSAT, ENARSA y Banco Nación, entre otros.
Entre los activos respecto a los que los beneficiarios del fallo reclaman información se destaca, además, el swap de monedas acordado entre el Banco Popular de China y el Banco Central de la República Argentina, una línea de crédito contingente que explica más de la mitad de las reservas internacionales brutas del país.
Por su parte, la semana pasada se presentaron los argumentos para evitar pagar el fallo condenatorio que el año pasado emitió la jueza Preska, a cargo de una corte del sur de Manhattan que trató el caso porque la petrolera cotiza en Wall Street. Básicamente, el Estado Argentina insiste en que el caso no debe tratarse en EEUU.
Al juzgado de Preska acudieron en 2014 dos accionistas minoritarios que aseguran haber sido perjudicados por el accionar expropiatorio del kirchnerismo y que le vendieron sus derechos de litigar al bufete inglés Burford Capital, quien es el beneficiario principal del fallo.
