Con una calificación de 37 puntos sobre 100 posibles, la República Argentina quedó ubicada en el puesto 98 entre 180 países según el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) que, como todos los años, publica Transparencia Internacional. Se trata del cuarto año consecutivo en el que el país sufre una merma en su calidad institucional en materia de lucha contra la corrupción.
Según los datos publicados hoy por la organización no gubernamental, la caída Argentina se registra en un contexto de retroceso global, ya que la mayoría de los países lograron mínimos, y en algunos casos nulos, avances a la hora de tomar medidas o aplicar políticas para combatir la corrupción en el sector público.
El promedio general del IPC se mantuvo en 43 puntos, sin registrar variaciones con el año anterior. En ese escenario, más de dos tercios de los países obtienen una puntuación inferior a 50, siendo 100 una señal de baja corrupción. Según Transparencia Internacional, esto indica que existen graves problemas de corrupción a nivel global.
En el caso de Argentina, la valoración de 37 obtenida en esta medición implica el descenso de un punto con respecto a 2022 y el retroceso de cuatro puestos en el ranking, cayendo de la ubicación 94 a la 98.
Así lo destacó Pablo Secchi, director ejecutivo de Poder Ciudadano, capítulo argentino de Transparencia Internacional. “Argentina se encuentra estancada desde hace mucho en la lucha contra la corrupción”, dijo, antes de destacar que en el país “no se han realizado esfuerzos significativos en los últimos años” para reducir la corrupción.
“Los vaivenes de las intervenciones de los organismos de control de la corrupción y la injerencia de la política en el poder judicial hacen que la lucha contra la corrupción avance muy lentamente en nuestro país”, explicó Secchi.
El informe de Transparencia Internacional también revela que la falta de independencia del Poder Judicial fomenta la impunidad de los corruptos y poderosos en los países de América Latina. Esto ocurre porque no cumple de manera debida su papel de contralor de las otras ramas del gobierno.
“Los países de la región deberían trabajar para tener poderes judiciales fuertes e independientes que provean rendición de cuentas y justicia. No hacerlo erosiona los fundamentos mismos de la democracia y el Estado de derecho”, opinó sobre este punto Luciana Torchiaro, asesora regional de Transparencia Internacional.
Entre los países con sistemas más robustos en la lucha contra la corrupción se ubican Canadá y Uruguay que, con 76 y 73 puntos respectivamente, están en la cima del ranking regional en materia de contrapesos y controles. El otro extremo de la tabla lo ocupan Venezuela (13), Haití (17) y Nicaragua (17).
El director ejecutivo de Transparencia Internacional, Daniel Eriksson, alertó sobre la necesidad combatir el flagelo de la corrupción, ya que se trata de un fenómeno que “agrava la injusticia social y afecta en forma desproporcionada a los más vulnerables”,
“En muchos países persisten obstáculos para que las víctimas de corrupción puedan obtener justicia. Ha llegado el momento de eliminar las barreras y asegurar que las personas puedan tener acceso efectivo a la justicia. Todas las personas merecen que haya sistemas legales justos e inclusivos donde las voces de las víctimas se escuchen en cada instancia. Cualquier otra posibilidad es una afrenta a la justicia”, sentenció Eriksson.
Otro parámetro utilizado por Transparencia Internacional es el Indice de Estado de Derecho, que muestra un declive en el funcionamiento de los sistemas de justicia. Los países con las puntuaciones más bajas en este indicador también lo están obteniendo en la medición del IPC, lo que pone de relieve que existe una conexión clara entre el acceso a la justicia y la corrupción.
“Tanto los regímenes autoritarios como los líderes democráticos que menoscaban la justicia contribuyen a profundizar la impunidad de la corrupción y, en algunos casos, incluso la fomentan al eliminar las consecuencias para los infractores”, sostiene el informe de la ONG.
Por su parte, François Valérian, presidente de Transparencia Internacional, advirtió que “la corrupción seguirá ganando terreno hasta que los sistemas de justicia puedan castigar los actos indebidos e imponer controles a los gobiernos”.
“Cuando la justicia es algo que se puede comprar o interferir políticamente, quienes sufren son las personas. Los líderes deben comprometerse de manera plena con fortalecer y garantizar la independencia de las instituciones que aplican la ley y enfrentan la corrupción. Es momento de terminar con la impunidad de la corrupción”, concluyó Valérian.
Los datos globales del IPC muestran que Dinamarca, con 90, encabeza el índice por sexto año consecutivo, seguida de cerca por Finlandia y Nueva Zelanda, con puntuaciones de 87 y 85, respectivamente. El otro extremo de la escala lo ocupan Somalia (11), Venezuela (13), Siria (13), Sudán del Sur (13) y Yemen (16).
