La comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia recibió a distintos especialistas con el fin de disertar sobre la metodología e información acerca de los sistemas de capitalización y ahorro.
En una reunión informativa, el titular de la Comisión, diputado Víctor Romero (UCR), indicó que “el objetivo es modificar la legislación vigente sobre Planes de Ahorro Automotor”, y en ese sentido, señaló: “Es necesario para garantizar la transparencia en la información y proteger a los suscriptores de este plan”. “El cumplimiento del contrato y la determinación de precios no está legislado en la Ley”, informó.
En su exposición, el director nacional de Defensa del Consumidor y Arbitraje del Consumo, Alejandro Alonso Pérez Hazaña, se refirió a las relaciones de consumo: “El mayor problema es la falta de información en la operatoria del contrato y eso dificulta la venta”.
Además, el funcionario remarcó: “La mecánica de determinación de precios es un tema complejo que necesitamos solucionar”. “No es solo un tema de inflación sino también de la mecánica contractual”, afirmó.
Por su parte, Darío de León, director de Sociedades Comerciales de la Inspección General de Justicia, manifestó que “hay que repensar el sistema porque no sirven las soluciones paliativas”. “Es necesaria una reforma legislativa”, consideró.
A modo informativo, explicó que, respecto a los beneficiarios de planes de ahorro, sucede que “la gente no puede pagar las cuotas y esto genera un alto índice de conflictividad”.
Luego, el diputado Juan Manuel Pedrini (FdT) expresó: “Pareciera que estamos más del lado de las automotrices que de las ciudadanas/os”. “Las concesionarias venden el plan y se desentienden”, explicó.
En la misma línea que su preopinante, el diputado Marcos Carasso (UCR) sostuvo que “la Inspección General de Justicia tiene que controlar los contratos”, al señalar que “la urgencia amerita resolver este problema”.
Por último, la diputada Myriam Bregman (PTS – Frente de izquierda y de trabajadores – Unidad) solicitó que, “hasta que no se sancione una iniciativa, el Estado debe actuar».
