Desde hoy comenzará una etapa de mayor voltaje político. La defensa del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido hablará y una semana después lo hará la vicepresidenta Cristina Kirchner
El kirchnerismo enfrenta una tensa semana en mientras continua la etapa de alegatos de las defensas de los 13 acusados del juicio oral por presuntas irregularidades en la obra pública de Santa Cruz. Hoy será el turno del ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y en una semana será el de la vicepresidenta, Cristina Kirchner. Ambos deberán responder ante los pedidos de condena y la dura acusación de los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola, quienes pidieron 12 años de prisión para la ex mandataria, y 10 para su ex funcionario por asociación ilícita y administración fraudulenta. Además de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Las defensas no solo realizarán sus planteos técnicos, sino que también agregarán contenido político a sus alegatos. Mediante este proceso, buscarán desprestigiar la acusación fiscal y reforzarán la idea que sostiene que todo es parte de un expediente impulsado por el gobierno de Cambiemos y que este no cuenta con pruebas directas.
De esta manera, desde las 8.30, los abogados de De Vido, Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro, desarrollarán sus alegatos. Se espera que el equipo use dos instancias de audiencia para exponer su defensa –el Tribunal Oral Federal 2 le dio 3 como máximo–, la de hoy y la de mañana. Así, a través de una videoconferencia, buscarán defender a su cliente de las acusación de la Fiscalía, delitos de asociación ilícita y administración fraudulenta.
El kirchnerismo enfrenta una tensa semana en mientras continua la etapa de alegatos de las defensas de los 13 acusados del juicio oral por presuntas irregularidades en la obra pública de Santa Cruz. Hoy será el turno del ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y en una semana será el de la vicepresidenta, Cristina Kirchner. Ambos deberán responder ante los pedidos de condena y la dura acusación de los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola, quienes pidieron 12 años de prisión para la ex mandataria, y 10 para su ex funcionario por asociación ilícita y administración fraudulenta. Además de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Las defensas no solo realizarán sus planteos técnicos, sino que también agregarán contenido político a sus alegatos. Mediante este proceso, buscarán desprestigiar la acusación fiscal y reforzarán la idea que sostiene que todo es parte de un expediente impulsado por el gobierno de Cambiemos y que este no cuenta con pruebas directas.
De esta manera, desde las 8.30, los abogados de De Vido, Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro, desarrollarán sus alegatos. Se espera que el equipo use dos instancias de audiencia para exponer su defensa –el Tribunal Oral Federal 2 le dio 3 como máximo–, la de hoy y la de mañana. Así, a través de una videoconferencia, buscarán defender a su cliente de las acusación de la Fiscalía, delitos de asociación ilícita y administración fraudulenta.
Desde entonces, Cristina Kirchner se expresó en una ocasión contra las acusaciones de Luciani, la cual tuvo lugar en una exposición en el Senado a través de sus redes sociales: “Nada de lo que dijeron los fiscales fue probado. El juicio empieza con la ficción que relataron durante cinco días los fiscales. No eran acusaciones, eran un guión y bastante malo por cierto (…) No solamente no fue probado, sino que se comprobó que era exactamente al revés de lo que decían. Lo pudimos ver a través de los testimonios de más de 100 testigos citados por el Ministerio Público Fiscal”.
Hasta el momento ya hubo tres defensas que pidieron las absoluciones de sus defendidos en este juicio. Ellos fueron: Héctor Garro, ex presidente de la Administración General de Vialidad de Santa Cruz, y Mauricio Collareda y Raúl Daruich, ex jefes del distrito 23 de Santa Cruz de Vialidad Nacional. En total son 13 acusaciones, las cuales se espera que tengan sus resoluciones antes de fin de año, según deslizaron los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso.
Así tendrán la compleja tarea de juzgar las presuntas irregularidades en las 51 obras públicas que recibió el empresario Lázaro Báez para la provincia de Santa Cruz entre los años 2003 y 2015. Según las acusaciones, se montó una estructura criminal para beneficiar al acusado, que cobró todas las obras pero la mitad no las terminó.
