La situación judicial de la Vicepresidenta atraviesa a todo el Gobierno, que espera el desarrollo final de la acusación de Diego Luciani. El Presidente suspendió un acto en Pompeya
En la Casa Rosada y en otros ámbitos del Gobierno todo está atravesado por el alegato que finalizarán hoy los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola, quienes pedirán que Cristina Fernández de Kirchner sea condenada en la causa de Vialidad. Los representantes del Ministerio Público ya acusaron a la Vicepresidenta de ser la jefa de una asociación ilícita montada sobre el Estado y que tuvo por objetivo principal beneficiar al empresario Lázaro Báez en las licitaciones de obras públicas en Santa Cruz.
Todavía no se conocieron reacciones explícitas de los dos socios mayoritarios de la coalición gobernante como el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Sergio Massa, para defender a la vicepresidenta de las acusaciones.
Fuentes oficiales anticiparon a Infobae que el jefe de Estado espera que concluya formalmente el alegato de los fiscales para referirse a la cuestión, probablemente con un mensaje en redes sociales. Por lo pronto, decidió suspender por cuestiones de agenda una visita que tenía prevista al barrio porteño de Nueva Pompeya para inaugurar junto al ministro Alexis Guerrera obras del Ferrocarril Belgrano. Igualmente, el plan original de ese acto no incluía un discurso de Fernández.
Luego de que Cristina Kirchner pidiera ampliar su declaración indagatoria, hay un clima de tensión que atraviesa a toda la coalición porque sus integrantes son conscientes de que el peronismo podría ingresar en una etapa compleja si finalmente se condena a la Vicepresidenta. Básicamente, porque no se sabe cómo reaccionarán las bases ante un pedido de eventual condena y de inhabilitación para ejercer cargos públicos de la ex presidenta. Hay temores, además, por el posible impacto sobre la tregua dentro del Frente de Todos y el rebote que pudiera existir en la economía.
Si bien no se conocieron respaldos ni de los gobernadores enrolados en el PJ, ni de la CGT, ni de muchos integrantes del Gabinete, uno de los primeros en salir a denunciar una política de persecución fue el ministro de Relaciones Exteriores, Santiago Cafiero. El domingo por la noche el canciller se expresó en su cuenta de Twitter: “Quieren proscribir a @CFKArgentina. La extrema derecha en América Latina es antidemocrática. Lo hicieron con Perón y recientemente con líderes populares de la región como @evoespueblo y @lulaoficial. Pero nuestros pueblos son justos: no abandonan a quienes se la juegan por ellos”.
También bien temprano, este lunes lo hizo Andrés “Cuervo” Larroque, ministro de Desarrollo de la provincia de Buenos Aires y uno de los máximos referentes del kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires. Su mensaje fue mucho más escueto. “Con Cristina no se jode”, posteó.
“Rechazo la persecución judicial contra @CFKArgentina, que atenta también contra las reglas claras de nuestra democracia, y ratifico mi solidaridad y acompañamiento a quien le cambió la vida a millones de argentinos y argentinas con sus políticas públicas. #TodosconCristina”, escribió un rato más tarde, Martín Insaurralde, jefe de Gabinete de Axel Kicillof en el mismo distrito, y otro de los defensores a ultranza de la vicepresidenta.
Se sumaron así a la andanada de apoyo que había surgido durante el fin de semana con un comunicado de 509 intendentes de todo el país y con otro del interbloque de senadores y diputados nacionales del Frente de Todos en el Congreso Nacional.
En este último manifestaron que el interbloque “se solidariza con la compañera Cristina Fernández de Kirchner, quien desde hace años viene sufriendo una embestida mediática-judicial a partir de falsas denuncias, sin que existan pruebas fehacientes y sin que se le permita ejercer con plenitud su derecho de defensa, con jueces y fiscales que lejos parecen estar de la imparcialidad que demanda el ejercicio del derecho”.
También personalidades de la cultura, del periodismo y de la Justicia, junto a legisladores y algunos funcionarios, publicaron el domingo una solicitada de respaldo.
Cristina Kirchner, en los últimos días, pidió sin éxito la recusación del fiscal Luciani y del presidente del Tribunal que la juzga por el caso Vialidad, Rodrigo Giménez Uriburu.
La militancia kirchnerista, que en las redes transformó el tema en tendencia recordó la multitudinaria movilización que la acompañó en abril de 2016 a los Tribunales de Comodoro Py como imputada en la causa por el dólar futuro, citada por el juez Claudio Bonadio, donde luego fuera sobreseída. También la oposición con el hashtag #CFKLadronaDeLaNacionArgentina convirtió a la cuestión en uno de los que más publicaciones tuvieron en Twitter.
